lunes, 23 de febrero de 2009

“Legisladores tramposos”



Por Sara Sefchovich
Escritora e investigadora en la UNAM
“Legisladores tramposos”
22 de febrero de 2009

El 14 de enero pasado, la senadora panista María Teresa Ortuño Gurza presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo que en la jerga legislativa se llama "una proposición de mérito", y que en idioma normal significa una propuesta.

Ese mismo día la Mesa Directiva dispuso que se turnara para su estudio y dictamen, lo cual se hizo, y dicho dictamen fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 21. El tema es el siguiente: "Solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que se implanten en la administración pública federal políticas que fortalezcan a las familias mexicanas". Suena muy bonito y ¿quién no está de acuerdo?

El problema es el siguiente: resulta que la mencionada legisladora simple y llanamente usó, para su presentación de las consideraciones que avalaban su propuesta, los planteamientos del posicionamiento que hizo el Observatorio de Familias y Políticas Públicas, y lo "adaptó" a las conclusiones del Encuentro Mundial de las Familias que se llevó a cabo en nuestro país en esas mismas fechas. Por si el amable lector no sabe lo que esto significa, se lo explico:

El Encuentro Mundial mencionado estuvo organizado por la Iglesia católica desde el Vaticano y el Observatorio es un organismo integrado por organizaciones civiles y académicas laicas que pretende "transformar la lógica normativa dominante sobre las familias que en la vida pública y privada existe en nuestro país, y crear un espacio de reconocimiento y comprensión de los procesos de transformación de las familias en México para incidir en la construcción de políticas y programas públicos que fortalezcan los derechos humanos, la justicia social, la equidad de género y generacional, y la construcción de ciudadanía en el marco de un estado de derecho laico".

Como se puede ver, son dos posiciones de suyo contradictorias, y lo que tramposamente hizo la legisladora panista fue juntar dos discursos que son irreconciliables para llevar agua a su molino ideológico. O sea que tomó textualmente (aunque sin darle crédito) las palabras que expresaron los laicos para avalar las posturas e ideas de los religiosos. El resultado es que en su discurso aparecen los términos "políticamente correctos" de hoy, como equidad, respeto a los diversos arreglos de convivencia existentes, responsablididad del Estado, protección de los derechos humanos, pero para proponer que se reconozcan y acepten las conclusiones del Encuentro Mundial que apuntan a todo lo contrario. La trampa se hace además en otros dos sentidos.

Uno, en el argumento de que el gobierno debe aprovechar los espacios de reflexión social de la sociedad "independientemente de las orientaciones religiosas o filosóficas", el cual sin embargo cae por tierra cuando sólo se proponen hacer esto con un grupo y no toman en cuenta a otros que están reflexionando sobre ese mismo tema. De hecho, por esos días se celebró en El Colegio de México el seminario"Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas", cuyas conclusiones los legisladores no consideraron de la misma importancia, pese a que quienes allí participaron fueron las personas y grupos con más reconocimiento en el estudio de las familias.

Y dos, que el asunto se haya turnado para dictamen a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y ObrasPúblicas. ¿A cuento de qué les corresponde a ellos opinar sobre cuestiones sociales? ¿Puede cualquier comisión ver cualquier asunto? ¿Para qué hay,entonces, comisiones? Seguro que esto se hace para lograr acuerdos en puntos conflictivos eliminando que entre al debate un contrincante ideológico.

Los legisladores tienen que retractarse de la aprobación del punto de acuerdo referido y la senadora plagiaria tiene que encontrar sus propios argumentos, si quiere defender su posición o reconocer que es indefendible, porque en estos tiempos y en este país exigimos el respeto irrestricto al Estado laico y a políticas públicas, cuyo criterio permita regular la vida social en la diversidad y dando cabida a distintas concepciones religiosas y modelos de familia.

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