Martín Hernández Alcántara y Mariana Chávez
La Jornada de Oriente y corresponsal
La Jornada, 5 de agosto, 2009. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla inició un proceso penal contra una joven de 20 años que abortó. Este es el primer proceso de esta naturaleza después de que el Congreso del estado aprobó, en marzo, reformas a la Constitución estatal para endurecer las penas a la interrupción voluntaria del embarazo.
Organizaciones no gubernamentales que luchan por la legalización del aborto advirtieron que se ha desatado una persecución contra las mujeres que ejercen sus derechos reproductivos, y anunciaron que apoyarán legalmente a Alejandra Gómez Sánchez, sujeta a la averiguación 61/2009/EH.
El domingo pasado Alejandra ingresó al hospital de la Cruz Roja de la capital poblana con un severo sangrado tras haber abortado un feto de 14 semanas de gestación, detalló Leónidas Cuapio Montero, subdirector de la institución.
Cuando los médicos se dieron cuenta de que la hemorragia se debía a un aborto provocado por el consumo de un medicamento para problemas del aparato digestivo que se ha popularizado como abortivo, se dio aviso a José Ávila García, responsable de homicidios de la PGJ.
Alejandra fue dada de alta 24 horas más tarde, después de que le realizaron una limpieza uterina y le controlaron el sangrado. Según Cuapio Montero, cada año se atienden entre cuatro y cinco casos similares.
Los primeros reportes oficiales indicaban que la mujer estaba detenida; sin embargo, al mediodía de este martes la subdirección de prensa de la PGJ aseguró que Alejandra nunca estuvo privada de su libertad y ni siquiera fue sometida a custodia.
Agregó que se indagará si el aborto fue inducido o accidental, y de ello dependerá que se le consigne, pero desde la aprobación de las reformas que endurecen las penas al aborto no se han presentado denuncias y no hay detenidos.
Representantes de organizaciones civiles que pugnan por la legalización del aborto, como el Colectivo de Mujeres por la Democracia, buscaron a Alejandra Gómez Sánchez para apoyarla.
Brahim Zamora, vocero de la asociación civil Democracia y Sexualidad, señaló: “Esto es lo que preveíamos. La reforma a la Constitución no evitará nunca los abortos clandestinos, y éste es un claro ejemplo. Lo que hay aquí es la criminalización de las mujeres, que con esta reforma se endurece aún más, aunque todavía no está reglamentada”.
En Puebla, añadió, hasta antes de la reforma no había querellas sobre el tema; “si se habían acumulado 30 en toda la historia eran muchas y no tenemos informes de ningún proceso inculpatorio ni de encarcelamiento a ninguna mujer”.
El 15 de julio, 112 mujeres asesoradas por la Red Democracia y Sexualidad interpusieron amparos indirectos ante la justicia federal contra las reformas que penalizan el aborto.
Mientras tanto, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Querétaro aprobaron convocar a organizaciones civiles, colegios de profesionales, universidades y ciudadanos a una consulta sobre la llamada ley antiaborto, que busca garantizar el derecho a la vida desde la concepción.
El registro estárá abierto hasta el 10 de agosto y las audiencias se realizarán hasta el día 14; sin embargo, los legisladores no podrán expresar su opinión sobre la iniciativa. “Hay muchos argumentos, muchas cuestiones importantes que tenemos que oír como representantes populares para poder emitir nuestro voto”, señaló Marco Antonio León Hernández, presidente de la citada comisión y diputado de Convergencia, quien hizo un llamado “especial” a las mujeres para que participen.
Advirtió también que los legisladores del Partido Acción Nacional, están “sujetos a una instrucción o bajo una varita” para votar en favor de la iniciativa, ya que existe un acuerdo entre este instituto político y el clero.
