Por Lolkin Castañeda
A la Opinión Pública
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A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El pasado 24 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo público el proyecto de respuesta a la acción de inconstitucionalida d 2/2010, promovida por el Procurador General de la República en contra de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para garantizar el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo. En dicho proyecto, a cargo del Ministro Sergio Valls Hernández, se propone resolver como infundada la acción promovida por la PGR.
Quienes sucribimos el presente pronunciamiento consideramos que el proyecto propuesto por el Ministro Valls es constitucionalmente congruente y, por tanto, garante de los derechos humanos con base en, por lo menos, los siguientes puntos:
1. El derecho a la igualdad se afianza como un criterio fundamental de la actividad estatal. Se convierte en la regla general y no en la excepción: las autoridades, en su regulación de la vida social, deberán garantizar que todos los y las mexicanas tengan acceso a las prerrogativas establecidas en la Constitución. Así, extender el matrimonio a parejas del mismo sexo tiene como base erradicar un trato desigualitario e injustificado, y proteger, finalmente, a un grupo de personas que cuentan con el derecho para ello.
2. La dignidad humana se consolida como la base de los derechos fundamentales. No queda duda de que el principio último que debe orientar todo el actuar estatal es el respeto básico a la dignidad de las personas. De que, con independencia del sexo, el género, la orientación sexual, la raza, la etnia o las creencias, las personas merecen, por el solo hecho de ser tales, un trato digno. Así, extender el matrimonio a parejas del mismo sexo no es más que reconocer su dignidad básica como personas.
3. El derecho a la identidad se fortalece como prerrogativa básica de los y las mexicanas. Con este proyecto, la posibilidad de ser quién uno es, tanto en privado, como en público, se materializa. La identidad –que abarca la sexual– se convierte en un ámbito protegido, sobre el cual sólo las personas mismas tienen el control. La extensión del matrimonio a las parejas del mismo sexo no hace más que garantizar que todas las personas puedan ser quiénes son, ya no sólo en su esfera íntima, sino en la familiar, la social y la política.
4. La autonomía de las personas se reafirma como el eje central que debe guiar la actividad de las autoridades. El Estado no sólo está obligado a permitir que los individuos desarrollen y desplieguen su personalidad libremente, sino que debe garantizarlo. De aprobarse este proyecto, el deber estatal de poner a disposición de las personas los medios para poder vivir su vida de la forma en la que ellas eligen es incuestionable. Así, extender el matrimonio a las parejas del mismo sexo es ofrecerles una vía para desplegar sus afectos y proyectar sus aspiraciones.
5. El pluralismo se convierte en un valor innegable a tutelar por el Estado mexicano. El respeto y la protección de la diferencia como base de un país democrático. Con ello, el matrimonio deja de ser una imposición y se convierte en una elección. Cada uno de nosotros y nosotras puede elegir cómo vincularse afectivamente y con quién. Y, de aprobarse este proyecto, el Estado estaría obligado no sólo a respetar, sino a proteger esa unión.
En razón de lo anterior y en el ánimo de avanzar en la construcción de un Estado verdaderamente democrático e incluyente, manifestamos nuestro respaldo al proyecto del Ministro Valls y confiamos en que el mismo será aprobado tras la discusión de que en próximos días será objeto.
Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio Entre Personas del Mismo Sexo.
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