ALEJANDRO Gutiérrez
PROCESO / 16 de abril 2009
PROCESO / 16 de abril 2009
MADRID, 14 de abril (apro).- A casi ocho años del macabro hallazgo de ocho mujeres asesinadas y arrojadas en el "campo algodonero" de Ciudad Juárez, Chihuahua, las familias de tres de esas víctimas están cerca de alcanzar la justicia… pero fuera de México.
Y es que del 27 al 30 de este mes en Santiago de Chile, el Estado mexicano enfrentará un juicio ante la CIDH por el asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, cuyos cadáveres fueron hallados en el "campo algodonero" de Juárez el 6 de noviembre de 2001.
De acuerdo con el abogado Héctor Fúndez, especialista en casos de justicia universal y uno de los asesores jurídicos del equipo acusador, las organizaciones y abogados mexicanos y españoles que apoyan a las familias exigen la "responsabilidad internacional" de México, "en cuanto a la violación, preservación y garantía de la vida de estas mujeres".
Además, "por la denegación a la justicia en estos procesos y el conocimiento de la verdad, exigen el castigo para los responsables y la violación de México a la Convención de Belém do Pará, que establece las obligaciones del Estado en la protección de las mujeres".
La parte acusadora ha calificado de "emblemático" el caso de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura Berenice, dado que son los primeros homicidios de mujeres, de los más de 400 perpetrados en esa frontera, que logran llegar a un tribunal internacional para exigir responsabilidades al Estado mexicano.
La negligencia en la investigación de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJE) y los deliberados obstáculos impuestos por servidores públicos relacionados con este asunto, derivaron en que la identificación de los cadáveres fuera errónea. Luego, una identificación tardía colocó a la Corte ante la decisión de desechar la ampliación del juicio (con las otras cinco víctimas), según su resolución del 21 de diciembre pasado.
Por ese motivo, quedaron fuera otros casos, como los de: María de los Ángeles Acosta Ramírez, Guadalupe Luna de las Rosa, Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Araceli Martínez Ramos, María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y una mujer más cuyo nombre se desconoce y aparece en los documentos judiciales como "femenina no identificada 195/01". Dos de estos casos, cometidos previamente, se anexaron a la causa.
En septiembre de 2008, el doctor en Derecho, Emilio Ginés, miembro del Consejo General de la Abogacía Española y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, tuvo su primer contacto con el caso mencionado.
Tres meses más tarde, en diciembre, viajó a Ciudad Juárez, escoltado por policías federales y agentes del FBI, por el temor que tenía de acudir a esa frontera.
Tres meses más tarde, en diciembre, viajó a Ciudad Juárez, escoltado por policías federales y agentes del FBI, por el temor que tenía de acudir a esa frontera.
"Daba miedo llegar a un estado donde el gobernador es cuñado de uno de los principales narcotraficantes", dijo Ginés.
Pese a su experiencia en casos legales con la ONU, concretamente en Haití y en Líbano, el abogado se sintió fuertemente "conmovido" al conocer a Marisela Ortiz, una profesora chihuahuense, dirigente de la organización "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", quien le reseñó el drama que vivían desde siete años atrás.
Ginés decidió involucrarse en la defensa del caso y auxiliar a las familias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa no la hizo solo, ya que invitó a colaborar con él a su amigo Héctor Fúndez, chileno exiliado tras el golpe militar de 1973 y afincado en Venezuela.
Fúndez, un experimentado abogado y catedrático de derecho internacional, quien ha llevado casos de Nicaragua, Venezuela y Perú ante la CIDH, aceptó el reto.
En una conferencia de prensa celebrada hoy en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en el paseo de Recoletos, muy cerca de la Plaza de las Cibeles de esta capital, los abogados hablaron sobre el caso.
Gines, acompañado de Karla Salas Rodríguez y Daniel Peña, abogados mexicanos, viajó a Caracas, Venezuela, donde armaron la estrategia jurídica para el juicio de fines de este mes.
Gines, acompañado de Karla Salas Rodríguez y Daniel Peña, abogados mexicanos, viajó a Caracas, Venezuela, donde armaron la estrategia jurídica para el juicio de fines de este mes.
"Este caso es emblemático", dijo Ginés, quien consideró que el asunto representa a los miles de homicidios de mujeres no sólo en Juárez, sino en toda América e incluso en España.
Abundó:
"Esto nos afecta a todos y no podemos estar alejados".
Por su parte, Fúndez explicó que la importancia de esta audiencia en Santiago de Chile se debe a que con esto se concluye prácticamente el proceso, después habrá un lapso de 40 días para presentar "argumentos escritos finales", y después esperar a que la Corte emita su sentencia, lo cual es probable que se produzca a fines de año o en los dos primeros meses de 2010.
Si la CIDH les da la razón, Fúndez señaló que aparte de la "responsabilidad internacional" de México, podría haber penas pecuniarias y simbólicas.
Así mismo, dijo que las sentencias son "obligatorias" y "no hay recurso alguno" contra esta decisión de la Corte. El único recurso posible es el de "interpretación", es decir, en caso de que exista duda sobre la aplicación de alguna resolución de la sentencia, pero es "muy raro" que un país no acate una resolución de este tribunal.
Con el dolor a cuestas
En abril de 2003, en Ciudad Juárez, Josefina González recibió al semanario Proceso en su casa de la colonia Leyes de Reforma, una urbanización sin pavimento y con deficientes servicios públicos. "Me siento como muerta en vida", decía.
En abril de 2003, en Ciudad Juárez, Josefina González recibió al semanario Proceso en su casa de la colonia Leyes de Reforma, una urbanización sin pavimento y con deficientes servicios públicos. "Me siento como muerta en vida", decía.
Su hija desapareció el 10 de octubre de 2001, luego de que le fue impedido el acceso a la maquiladora donde trabajaba, por llegar tarde. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 6 de noviembre.
El 16 de ese mes, Josefina le dio sepultura a su hija. Tiempo después, estudios realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el ADN de cinco de las víctimas pusieron en duda su identidad, pues no había parentesco genético con sus supuestos familiares.
Otro caso similar es el de una menor de edad, Esmeralda Herrera Monreal, quien el día de su desaparición, el 28 de octubre de 2001, contaba con apenas 14 años. Irma, su madre, le había comprado su vestido de 15 años para la fiesta que planeaban festejar el 15 de diciembre, día de su cumpleaños.
Nacida en Fresnillo, Zacatecas, Esmeralda fue llevada de pequeña a Ciudad Juárez. Su familia, de escasos recursos, le brindó techo en un barrio parecido al que vivía Claudia Ivette, sin servicios públicos y con alto nivel de delincuencia común.
Su desaparición se produjo tres días después de que empezó a trabajar como doméstica en casa de una familia conocida de Juárez. Nueve días después, su cuerpo sin vida fue uno de los ocho encontrados en el campo algodonero.
"Estoy dispuesta a lo que sea, con tal de saber qué le sucedió a mi hija y saber si esa joven –a la que había sepultado– es mi hija y darle descanso", decía Irma, quien en su plática con Proceso no había recibido los estudios definitivos de ADN.
--¿Cómo reconocieron a Esmeralda? –se le preguntó entonces.
--A ciencia cierta, mis hijos no supieron si era ella o no, porque tenía la cara destrozada y sin cabello. Sólo reconocieron la blusa, el brassier y las calcetas.
Benita Monárrez, madre de Laura Berenice Ramos Monárrez, decía que su hija tenía aspiraciones de estudiar y convertirse en una profesionista de la medicina. Laura no lo consiguió. Era una de las ocho mujeres desaparecidas y luego halladas sin vida.
La PGJE detuvo a Javier García Uribe y a Gustavo González Meza, a quienes incriminó por los ocho homicidios y dos más cometidos meses atrás.
Los dos individuos, choferes del transporte público, fueron detenidos de forma arbitraria y sometidos a torturas para autoinculparse. El segundo de ellos murió en prisión, supuestamente durante una operación, pero el caso nunca se aclaró.
Semanas antes fue asesinado su abogado, presuntamente a manos de "la policía", según se desprendió de las investigaciones. Al poco tiempo salió libre Javier García Uribe, El Cerillo.
