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Jueves, 29 de Julio de 2010
Por Alfonso Machuca. El Juez Carlos Alberto Llamas Morales sentenció a 27 años de cárcel a una mujer que había abortado espontáneamente, y con sólo 4 años de prisión a un sacerdote acusado de corrupción de menores.
León.- El Juez Carlos Alberto Llamas Morales será investigado por el Consejo del Poder Judicial, luego de que castigara con 27 años de cárcel a una mujer que había abortado espontáneamente; en tanto sentenciara con sólo 4 años de prisión a un sacerdote acusado de corrupción de menores.
La Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María Raquel Barajas Monjarás, dijo que la resolución del caso de la mujer ha llamado la atención y es éste el motivo principal por lo que revisarán el actuar del Juez Primero Penal del Partido Judicial de San Miguel de Allende.
El funcionario del Poder Judicial entra en una investigación interna luego de resolver dos casos controversiales.
El primero.
El dos de marzo de 2010, luego de que una mujer estuviera tres años en la cárcel acusada de homicidio en razón de parentesco, el juez dictamina imponerle 27 años de cárcel, 9 mil 500 de multa y la negación de la condena condicional por una falta que no cometió.
La verdad se conoció luego de que Alma Yareli Salazar Saldañana, recibiera el apoyo de abogados particulares para documentar que en realidad había sufrido un aborto espontáneo y no un homicidio contra su recién nacida.
La mujer apeló la sentencia del Juez de San Miguel de Allende y no sólo disminuyó su sentencia, sino que el magistrado Miguel Valdez Reyes, la absuelve del delito y determina el nueve de junio de 2010, su total libertad.
El asunto salió a la luz pública luego de que la asociación Las Libres, documentará el caso y ventilara que la mujer fue procesada por homicidio, cuando en realidad lo que sufrió fue un aborto espontáneo.
El magistrado explicó así su resolución: “…el material probatorio recabado durante la secuela procesa no es útil para acreditar fehacientemente que el proceder de la encausada contribuyó causalmente con el deceso de la parte lesa, es otras palabras, el caudal probatorio no es hábil para demostrar el nexo causal entre el óbito de la ofendida y el actuar desplegado por la enjuiciada, por ende, no hay base legal para imputarle ese típico resultado”.
El Segundo.
Tras cinco años de impunidad, el Juez de San Miguel de Allende, Carlos Alberto Llamas Morales, gira orden de aprehensión contra el sacerdote, Laurencio Pérez Mejía, luego de encontrarlo presunto responsable de corrupción de menores.
El Padre Laurencio comenzó a ejercer el ministerio en la parroquia de La Asunción, en la cabecera de Dolores Hidalgo, luego pasó a los Apaseos y el 15 de noviembre de 2005 fue nombrado párroco en la comunidad e Puerto de Nieto, municipio de San Miguel de Allende.
Los padres de una niña de 13 años acusan al sacerdote ante las instancias judiciales y es hasta el 22 de marzo de 2009, cuando el juez Llamas Morales, le dicta auto de formal prisión e ingresa al Centro de readaptación Social de San Miguel de Allende.
Al cabo de los meses, el juez de San Miguel de Allende no le aplica la sanción máxima por se delito grave la corrupción de menores, sino por el contrario, recibe una sentencia de 4 años y tres meses de cárcel con la posibilidad de la semilibertad condicional en su favor.
Hay que confiar: Presidenta
Con los antecedentes del juez, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, informó que revisarán el expediente del proceso penal A-265/2007 donde el juez sentencia a la mujer a 27 años de cárcel.
“Lo vamos investigar por supuesto, vamos a ver qué fue lo que le llevó al juez a determinar los 27 años y ahora en segunda instancia se le dictamine soltura”, explicó ayer la Presidenta del Poder Judicial.
“Habría que ver si el juez hizo algo indebido o fundó, motivó y actuó conforme derecho… (Pero) si el juez cerró, se le puede iniciar un procedimiento interdisciplinario. Claro que vamos investigar el caso y evaluar al juez, como lo hacemos normalmente”, dijo.
La funcionaria defendió el actuar de sus jueces y anticipó que muchas veces hay circunstancias ajenas a los tribunales.
“Estoy convencida que en el estado de Guanajuato, el sistema de impartición de justicia es transparente, justo y adecuado, pero en los procesos penales no siempre puede tener elementos para dictar soltura absolutoria.
“Confío en nuestros jueces…si el juez se equivocó, pues para eso existe la segunda instancia.
Muchas circunstancias son ajenas a los tribunales. Lo cierto es que la justicia guanajuatense es absolutamente confiable”, consideró.
