Calle de Amberes / Zona Rosa, México, D.F./ Foto: Dr. Rotwang/Enkidu*Coordinador General de Juventud por la Ciudad de México
Clausuras a los lugares LGBT: Entre la legalidad, la veracidad y el vox populi
“Las leyes mantienen su crédito no porque sean justas, sino porque son leyes.”
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés
Por Abraham Landeta*
Entre la comunidad LGBT de la Ciudad de México el aire de la homofobia resurge, hay quienes dicen que se trata de acabar con los establecimientos mercantiles LGBT por completo, una embestida del brazo derecho de la izquierda mexicana, políticamente hablando. Pero a las clausuras actuales no podrían vérseles de forma aislada, pues son fruto de un proceso que se inicio desde el año 2000 y en el marco de una ley que rige a todos los establecimientos del Distrito Federal. Emprendamos un viaje por esta historia y que cada quien saque su conclusión al respecto.
El inicio de las clausuras en el nuevo milenio
Remontémonos al 20 de octubre de 2000. Un incendio en la discoteca Lobohombo, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc deja 40 heridos y 21 personas muertas, la mayoría de ellos atrapadas en el interior del establecimiento por el fuego debido a la falta de salidas de emergencia; como los cadáveres quedaron totalmente quemados, se necesitaron pruebas de ADN para identificarlos.
El desastre hizo que la aun Jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, ordenara la detención del propietario de la discoteca para procesarlo por “homicidio imprudencial” Acto seguido la Jefa Delegacional, Dolores Padierna Luna, quien apenas llevaba 20 días en el puesto, inicia una serie de operativos en los antros, bares, discotecas, cantinas y similares a lo largo y ancho de la demarcación a su cargo, donde la Zona Rosa y los lugares de reunión LGBT no estuvieron exentos.
Para Mayo de 2001 sitios como Anyway, Blush, La Estación y Bar Zoo se encontraban clausurados, pero fue el cierre de El Taller, lugar casi legendario de la vida nocturna LGBT, lo que para muchos fue la gota que derramó el vaso de agua. Mientras se realizaba el acto de clausura de este sito, integrantes del colectivo gay cerraron el Eje 2 Poniente Florencia en protesta por lo que consideraban el colmo de la homofobia. La Directora General Jurídica y de Gobierno de la Delegación, Lenia Batres, argumentó que la suspensión de actividades del lugar se debía a una falta a la normatividad, toda vez que en dicho espacio operaban dos sitios con una sola licencia de funcionamiento: El Taller y El Almacén, uno en el sótano y otro en la planta baja.
Aunado a lo anterior existía confusión con relación a quien era el verdadero dueño del establecimiento, pues mientras la licencia de funcionamiento emitida en 1987 estaba a nombre de Luís González de Alba, éste no reconocía ser el propietario, desligándose de su responsabilidad de pagar la multa de 22, 273 pesos con 20 centavos. Por su parte, Alfredo Martínez Jiménez, quien en ese entonces era reconocido por amplios sectores del colectivo LGBT como el verdadero dueño, legalmente fungía como apoderado legal. Esta situación hizo que la multa no pudiera ser pagada rápidamente, razón por la cual el Taller y El Almacén permanecieron varios meses cerrados.
La comunidad LGBT en general se sintió traicionada, pues no se concebía como el gobierno del PRD, partido político de izquierda, podía ser homofóbico. En general el llamado “voto rosa” de las últimas elecciones había sido en contra del PAN, partido de derecha que abiertamente mostraba su rechazo a la diversidad, razón por la cual se había votado en julio de 2000 por los candidatos del PRD a diputados, jefes delegacionales y jefe de gobierno del Distrito Federal, resultando ganador Andrés Manuel López Obrador para el periodo diciembre 2000 a diciembre 2006.
¿Interés por la comunidad o golpe a las finanzas?
No solamente los establecimientos mercantiles y clientes de los mismos sufrieron las consecuencias, existían terceros que también fueron indirectamente dañados.
La publicación comercial SerGay se vio severamente afectada, pues argumentaba, según sus propios cálculos, que “aproximadamente el 40% de los establecimientos gays habían sido cerrados”. Esta situación puso en aprietos económicos a la citada guía gay de edición catorcenal, que era distribuido gratuitamente gracias a la publicidad que vendía a los bares y antros clausurados. En distintas ocasiones, su director, Julio Román, declaró que incluso había tenido que reducir el número de páginas de la publicación ante la crisis económica que tuvo que enfrentar por las clausuras y por la moratoria de pago de sus clientes. Es bajo este contexto como la publicación inicia una frontal batalla con la autoridad delegacional y contra el Gobierno de la Ciudad de México a través de sus artículos.
A esta lucha se unieron miembros de la comunidad en general, activistas y por supuesto empresarios. Quizá fue la última vez en que el colectivo LGBT reaccionó unido contra lo que parecía ser una amenaza común, pues más adelante el propio Román y sus desmedidos intereses por mantener a SerGay como la única guía impreso gay en el mercado acabaron con la unidad del colectivo… pero eso ya es otra historia.
Nueva Ley, nuevos cierres
El 12 de febrero de 2002, a menos de un año de iniciadas las clausuras del nuevo milenio, fue aprobada por la Asamblea Legislativa local la nueva Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, contraria a diversas propuestas del Jefe de Gobierno en funciones, Andrés Manuel López Obrador, la cual es publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del D.F. 10 días después.
Dicha ley, aun vigente, prohíbe y sanciona la discriminación en cualquier tipo, obligando a los dueños de establecimientos que requieran de licencia tipo “B” (bares, salones de baile, discotecas y cabarets) colocar un letrero donde se garantizara este derecho; los horarios de funcionamiento, antes bajo el control de la Secretaría de Gobierno del DF, quedaron definidos para este tipo de negocios en la nueva legislación, la cual señala que el servicio debe de dejar de prestarse a las 4:00 a.m. en punto, y concluir la venta de bebidas alcohólicas a las 3:30 hrs. También prohíbe las llamadas “barras libres”, la entrada a establecimientos a personas en estado de ebriedad, castiga la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y obliga a los propietarios a pedir una identificación a sus clientes para garantizar que sean mayores de 18 años.
El 5 de enero de 2002 se realizan inspecciones de protección civil y establecimientos mercantiles a Cabaretito ubicado en el interior de la Plaza del Ángel en la Zona Rosa, y para el 1 de abril del mismo año se realiza la clausura del sitio, que ya era ampliamente concurrido por la comunidad LGBT capitalina. Uno de sus socios, Tito Vasconcelos, había participado activamente en las movilizaciones del año anterior por el cierre de establecimientos de la diversidad sexual, y denunció varias anomalías en el resultado de las verificaciones efectuadas al negocio del cual era parte, por lo que se dijo víctima de una revancha por parte del gobierno delegacional.
Por su parte la Unidad Calificadora de Infracciones de la Delegación Cuauhtémoc señaló que Cabaretito no contaba con un programa interno de protección civil, no realizaba simulacros de emergencia, no contaba con seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, no exhibían los originales de los documentos que acreditaban su funcionamiento, no respetaba el horario indicado por la ley, entre otras faltas.
Operativos y más operativos
Con la nueva ley en vigor, y con los recuerdos aun frescos por las 61 víctimas del mortal incendio del Lobohombo, los operativos de verificación se hicieron más comunes de los que muchos creen y contabilizan.
En lo que respecta a sitios LGBT, se verificaron, y no necesariamente clausuraron, docenas de establecimientos en toda la Ciudad de México. Quizá algunos de los cierres más recordados fueron el de El Celo en el 2003, Cabaretito Neón a tan sólo dos días de la Marcha del Orgullo LGBT en julio de 2004, el restaurante Punto y Aparte en abril de 2005, los de algunos giros gays en el Centro Histórico en 2006, los de varios establecimientos de la calle de Amberes y el Cabaretito VIP en 2007, Lipstick, Boy Bar y Liverpool 100 durante el presente año. La última suspensión de actividades se perpetuó en Crazy Diso Club en la calle de Florencia en Zona Rosa apenas el pasado viernes 8 de febrero. Cabe destacar la gran mayoría de los sitios cerrados, volvieron a abrir sus puertas semanas más tarde.
Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira.
Debido a la poca información oficial proporcionada por las autoridades responsables de los operativos y las clausuras, miembros del Colectivo LGBT en general, entre los que sobresalen algunos activistas, empresarios y hasta el titular del Centro Nacional para Prevenir el SIDA (CENSIDA) han manifestado su preocupación e indignación al respecto.
Los activistas señalan que se trata de una ola de ataques homofóbicos por parte del gobierno. Añaden que el fondo de todo este asunto es tratar de quitar los espacios ganados tras varios años de lucha por los derechos humanos. Algunos incluso hacen crónicas sumamente descriptivas de lo que vivieron en los operativos, donde se da un tinte de mártires a clientes y empresarios. Uno que otro publica en internet “cartas abiertas” a las autoridades esperando que sus líneas sean leídas por quienes son los responsables de llevar a cabo las verificaciones. Los menos, han interpuesto quejas y denuncias por los supuestos abusos ante diversas instancias.
Por su parte los empresarios LGBT han mantenido diversas reuniones con la autoridad local tratado con ello de saber cual es el verdadero motivo del constante patrullaje en las inmediaciones de sus establecimientos, así como para denunciar la poca sensibilidad y la supuesta arbitrariedad con la que son realizados los operativos. Pero hasta la fecha, ninguna de esas reuniones ha convencido a los propietarios de los negocios de la buena fe del gobierno en las acciones realizadas. Incluso hay quien ha dicho que el cierre de los lugares tiene como propósito que en esos mismos sitios se establezcan comercios con inversión privada extranjera bajo la tutela del gobierno local.
Sin embargo el Gobierno del Distrito Federal ha dicho en diversas ocasiones que estos operativos tienen dos finalidades. La primera es rescatar a la Zona Rosa de la prostitución, la delincuencia y las drogas. El segundo es el verificar que los lugares cuenten con las medidas necesarias que marcan su respectiva ley para que en un ambiente de seguridad se disfrute de buenas noches de diversión. Para ellos sus acciones son en estricto apego a la norma, y no tienen intención alguna de negociar la ley, o al menos, así lo manifiestan.
Para el Director del CENSIDA, Jorge Saavedra, el cierre de los lugares tendrá como consecuencias que aumente la propagación del VIH. Para él, el cierre de antros gays en Zona Rosa hace que los homosexuales, en particular los jóvenes, asistan a lugares clandestinos o secretos en los que pueden tener relaciones sexuales sin condón pudiendo adquirir alguna infección de transmisión sexual o incluso el VIH. Lo anterior lo ha hecho a todas las autoridades involucradas: el Jefe Delegacional actual en Cuauhtémoc, José Luis Muñoz Soria, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard y a los Secretarios de Salud local y federal.
Una reflexión para terminar: la ley, arma y escudo, ¿posible solución?
Mientras que para los empresarios LGBT mexicanos la ley ha sido su verdugo, en países como España se convirtió en su mejor aliado. Durante finales de la dictadura franquista en aquel país ibérico, el régimen autoritario se propuso con toda su energía cerrar los establecimientos gays de Madrid, pues para las autoridades eran sitios donde la moral se perdía por completo. Sin embargo no pudo ser cerrado ni uno solo, el motivo: todos los establecimientos cumplían con lo que las exageradas leyes indicaban, incluso algunos hasta cumplían de más. Jugaron el mismo juego que el dictador Franco, sólo que al revés pues utilizaron la ley para protegerse y se apegaron a todo lo que se señalaba en ella. Sin argumentos, el gobierno no pudo clausurar ni un solo lugar de la diversidad sexual en la capital española.
El caso mexicano es distinto, pues con amparos, sobornos, chantajes mediáticos y otras estrategias prácticas pero poco útiles solo consigue retrasar las clausuras, pero no frenarlas. Si los empresarios españoles pudieron luchar con la ley como su mejor aliado contra las intenciones verdaderamente homofóbicas de uno de los dictadores más crueles que el mundo haya conocido, ¿por qué aquí no podemos enfrentarnos utilizando la misma táctica? La ley esta al alcance de todos, y no hace falta ser abogado para entenderla, mucho menos para hacer lo que en ella se marca. De esta forma aun cuando los actos del gobierno fueran homofóbicos, los establecimientos LGBT serían inmunes a ellos, continuarían operando los sitios que permiten que se difundan campañas sobre el sexo seguro y protegido, y los clientes de los negocios se sentirían más cómodos sabiendo que el lugar al que asisten cumple con todo lo que la norma marca, divirtiéndose sin preocuparse por un eventual operativo.
Hay que decirlo claramente: nadie puede estar por encima de la ley, ni el gobierno al abusar de ella ni el colectivo LGBT por el sólo hecho de tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Hagamos pues valerla como activistas, empresarios o consumidores que somos, pues el resultado positivo lo tendrá la comunidad en su conjunto, y con ello ganamos todos.
